La Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo núm. 155-17 del 1° de junio de 2017, sustituye en casi su totalidad la anterior legislación, y toma como referente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012 para la homogeneización de las legislaciones de lavados de activos y financiamiento de terrorismo así como el estándar del “Foro global para la transparencia e intercambio de información con fines fiscales” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

